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INFORME ANUAL DE DERECHOS HUMANOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 2021

INTRODUCCION

En el extremo norte de Colombia se encuentra el departamento de La Guajira, un departamento que produce el 40% del carbón del país y que en los últimos años se ha perfilado como una promesa de gran potencial para la explotación de energía eólica. Actualmente, existen 65 proyectos eólicos en trámite, que probablemente entrarán a funcionar en la próxima década. Este territorio probablemente se convertirá así en testigo de la transición de las llamadas “energías sucias” a “energías limpias”.

En este departamento habita la etnia más numerosa del país “el pueblo wayuu” el cual representa el 20% de la población indígena de Colombia. A pesar de la promesa de desarrollo que ha generado la explotación de carbón y de los importantes avances normativos sobre los derechos de participación de los pueblos indígenas que se han dado en Colombia, el pueblo wayuu se encuentra en riesgo de exterminio físico y cultural.

En las últimas décadas, desde seno del estado colombiano, se ha venido impulsando el cumplimiento de las consultas previas libres e informadas, como derecho fundamental de los pueblos indígenas en el mundo, de decidir sobre sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Mas sin embargo el cumplimiento estricto de este derecho fundamental se ha convertido solo en un sofisma distractor para el pueblo wayuu, o bien sea un mecanismo de engaño y manipulación.

FUNDAMENTOS

LA CONSULTA PREVIA COMO DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

La Consulta Previa es el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos cuando se toman medidas (legislativas y administrativas) o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación. Se fundamenta en el derecho que tienen los pueblos de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural, además, en el derecho de dichos pueblos de participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente (Artículo 7 Convenio 169 de la OIT).

Para la Corte Constitucional, las consultas deben ser un instrumento efectivo de protección de los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas y comunidades negras. Este tribunal ordena el consentimiento previo, libre, e informado en caso de que las medidas impliquen reubicaciones, vertimiento de desechos tóxicos o impactos culturales, sociales y ambientales que puedan poner en riesgo la existencia misma de la comunidad. La Corte y otras fuentes de derecho internacional han señalado que las consultas deben ser efectivamente previas a la toma de decisiones y llevarse a cabo antes de cualquier intervención en el territorio; deben, además, ser libres, informadas, de buena fe y realizarse con las autoridades representativas. Aunado a esto, señala que el proceso mismo de consulta debe concertarse con las comunidades a través de una “preconsulta”.

CONTEXTO

 El panorama en los territorios indígenas wayuu es desolador y de total abandono, el cumplimiento de la consulta previa libre e informada como derecho fundamental de los pueblos indígenas, solo es un sofisma distractor o bien sea de engaño y manipulación; engaño y manipulación que ha traído graves consecuencias para las comunidades indígenas wayuu, quienes por su alto grado de vulnerabilidad son presas fáciles de las empresas extractivistas que ingresan a los territorios con protocolos falsos de compensaciones que solo reponen a medias algunos daños materiales y morales pero que no pagan la totalidad de los daños ambientales, culturales, de la vida en relación y menos lo otro, es decir el uso del suelo, servidumbre, participación en beneficios, bonos de carbón; cuyas supuestas compensaciones podrían ser los detonantes para los diferentes enfrentamientos entre familias wayuu que ha venido dejando en el territorio estelas de sangre y numerosas familias desplazadas de sus entornos ancestrales y cuyos sucesos son calificados por los entes territoriales encargados constitucionalmente de velar por la seguridad e integridad del pueblo, como riñas y problemas internos entre las comunidades indígenas, solo para justificar su omisión y el abandono en que mantienen al pueblo wayuu.

Las condiciones de vulnerabilidad y pobreza en que conviven las comunidades indígenas wayuu son extremas a pesar de que La Guajira ha recibido altísimos ingresos desde hacen más de 37 años por concepto de regalías tanto por la explotación de carbón, como la explotación petrolera y aun los índices socioeconómicos del departamento siguen siendo inaceptables. La mortalidad infantil, por ejemplo, en 2013 fue de 32.24 menores de cinco años por cada mil niños y niñas, mientras que el promedio nacional fue de 6.76. La Corte Constitucional advirtió en 2017 la alarmante situación de desnutrición en niños y niñas wayuu y declaró el Estado de Cosas en esta región como “inconstitucional”. Esta fue una decisión judicial dirigida a múltiples instituciones, ocasionada por la situación masiva y generalizada de violación de derechos humanos y omisiones estatales en múltiples niveles. Según diferentes sectores el cumplimiento de esta sentencia se ha convertido en todo un escenario de engaño y manipulación, orquestado por el Ministerio del interior, con la única finalidad de legalizar lo ordenado por la corte constitucional, pero lo más triste es que un grupo de lideres reconocidos por sus actuaciones, son los encargados de convocar a las autoridades tradicionales, quienes incautos se dejan conducir como borregos a reuniones de consultas previas totalmente viciadas y mañosas.

 A pesar de las múltiples sentencias emitidas por la corte constitucional, las medidas cautelares otorgadas por la CIDH y diversos programas internacionales y nacionales, los niños wayuu aún siguen muriendo de hambre y sed y según estadísticas y registros oficiales para la vigencia 2021 van más de 35 niños fallecidos, pero los sub registros indican que van más de 100 niños que fallecen a diario desde sus territorios sin que puedan ser detectados. La muerte de niños es solo un eslabón de las graves violaciones a los derechos humanos en que debe convivir la etnia más numerosa del país, el pueblo wayuu.

Por otro lado, según investigaciones realizadas por el Instituto de Estudios para el desarrollo y la Paz Indepaz, más de 50 parques eólicos manejados por 8 grandes casas matrices multinacionales y multilatinas le apuestan al constante y fuerte viento del nordeste que golpea sin tregua las costas Guajiras. Dichas empresas llevan más de 10 años, algunas hasta 20, viabilizando sus proyectos ante el estado colombiano. Pero tanta belleza también tiene su lado turbio, la mayoría de las comunidades que tendrán de vecinos a los aerogeneradores se quejan de consultas previas amañadas y de tratos injustos por parte de estas. Por supuesto el anverso de la situación son comunidades que anhelan la ayuda que las empresas prometen con sus proyectos.

Y es que, es esta ambigüedad, la que está trayendo el clima hostil al interior de las comunidades. Esto no tiene nada de nuevo, ni tiene que ver con la forma como se comporta esta etnia, los ejercicios de fraccionamiento de comunidades han sido desde siempre una forma usada por las empresas para agilizar las consultas, Inter locutando solo con aquellos lideres que les son afines.

Los conflictos derivados de este fraccionamiento artificial llevan más muertos que los que reportan las autoridades, esto es así, porque los conflictos interétnicos se están confundiendo con riñas familiares y se disuelven en el gran paraguas de la delincuencia común. Pero nada de común se respira en estos últimos meses en las rancherías.

   ENFRENTAMIENTOS Y ASESINATOS ENTRE FAMILIAS WAYUU EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE PROYECTOS PARQUES EOLICOS.

De acuerdo a investigaciones y trabajos de campo realizados por profesionales voluntarios Defensores de Derechos Humanos adscritos a esta ONG, nos permitimos relacionar los siguientes casos:

El día 14 de septiembre de 2020, fueron asesinados dos jóvenes wayuu miembros de la comunidad JURRALEN, Ubicada en Jurisdicción del Municipio de Maicao, quienes habrían sido atacados a tiros por varios sujetos encapuchados que llegaron hasta su comunidad. 

Según informaciones de los miembros de la comunidad, este doble homicidio, se habría perpetrado a manos de otra familia wayuu, quienes inconformes habrían culpado a la familia de la comunidad de JURRALEN, de entregar los territorios ancestrales a la empresa RENOVATIO, quienes en contravía al Derecho Fundamental a la Consulta Previa, Libre e Informada, habrían ingresado a las comunidades indígenas y a manera de sensibilización en días anteriores, habrían hecho entrega de bolsas de mercado a las comunidades con área de influencia de sus proyectos.

Fuente: https://www.alertacaribe.com/noticias/asesinan-dos-indigenas-en-una-comunidad-wayuu-de-la-guajira

El día 16 de junio de 2021 en el amplio territorio de la zona de topia alta Guajira, fue asesinado un indígena wayuu por varios hombres armados que llegaron hasta donde se encontraba, cuyo derramamiento de sangre, según informaciones de sus familiares, se presentó en el marco de la implementación del proyecto de los parques eólicos a cargo de la empresa ENEL GREEN POWER.

Fuente: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/conflicto-de-clanes-wayuu-cobra-vida-y-pone-en-peligro-parque-eolico-596660

Se toman estos dos sucesos como ejemplo de los casos de violencia que están viviendo las comunidades indígenas wayuu, por cuenta de las vulneraciones a sus derechos fundamentales a la vida, al territorio, al medio ambiente, a la autonomía territorial, libre determinación y por supuesto a la Consulta Previa Libre e Informada lo cual según los estudios de Indepaz el recrudecimiento de la violencia ha abierto un turbio abanico de posibilidades, una teoría aún más desalentadora que surgió en los pasados días con la muerte de la líder Aura Esther García. Según la nota de prensa y en una posterior entrevista efectuada a un familiar de la líder, se vislumbra una posibilidad más macabra. Tres empresas de energía

estarían en la influencia de su territorio, ISAGEN, EEB -ENERGÍA DE BOGOTÁ- Y RENOVATIO AHORA RENOVAIS. Se especula que un grupo armado aún sin identificar estaría interesado en el control territorial de toda la zona de influencia de los parques y de la obra de interconexión llamada La Colectora. Ese mismo familiar afirma que no es cierto que esta muerte sea por líos interclaniles y la familia está tan segura de ello que decidieron no enterrarla por sus usos y costumbres y mandaron su cuerpo a la morgue para que sea la justicia ordinaria la que investigue el caso.

Estos casos, sin mencionar las constantes manifestaciones pacíficas, bloqueos y cierre de los territorios que de manera autónoma realizan las comunidades en rechazo a la invasión de sus territorios ancestrales.

Podemos citar el reciente bloqueo que realizaron tres comunidades indígenas de la zona de media luna al recién construido parque eólico Guajira 1, construido por la empresa ISAGÉN, argumentando posible invasión de sus territorios ancestrales y vulneración a sus derechos fundamentales a la Consulta Previa Libre e Informada.

Por otro lado, la mal llamada expansión urbanística o desarrollo urbano ha venido dejando en las diferentes cabeceras municipales del Distrito Riohacha, Maicao, Uribía y Manaure a comunidades wayuu desalojadas y desplazadas de sus territorios ancestrales, como fuera el caso de la comunidad la CACHACA II PAINWASHI del DTC Riohacha, quienes fueron desalojados a la fuerza por unidades del ESMAD de la Policía Nacional en cumplimiento de una supuesta orden judicial. En aquella oportunidad el ESMAD llegó hasta el territorio indígena portando armas de fuego y lanzando agentes químicos en contra de una población vulnerable, conformada por niños, jóvenes y ancianos. En compañía de estos agentes de seguridad, ingresó una máquina tipo ‘Bulldozer’ y, sin compasión alguna y ante la mirada impotente de los miembros de la comunidad, empezó a destruir las viviendas, reservorios de agua, corrales de animales y todo lo que se encontraba a su paso. Fuente: https://www.radionacional.co/actualidad/familias-wayuu-fueron-desalojadas-de-predio-que-habitaron-por-mas-de-20-anos

En este mismo orden, intentaron el desalojo de la comunidad EL WAYUKASO, supuestamente por cumplimiento a una orden judicial, pero gracias a la oportuna intervención de esta ONG, se logró detener este macabro plan de sacar a una comunidad indígena sujeta de especial protección constitucional, de sus territorios ancestrales.

En el mismo Distrito Turístico y Cultural de Riohacha, se mantienen atrapadas más de cinco comunidades indígenas wayuu en el botadero de basura a cielo abierto del distrito, a merced de la contaminación que generan los desechos tóxicos sembrados en estos territorios ancestrales.

Como si fuera poco en este mismo distrito, hoy 31 de diciembre 2021, se encuentra una comunidad indígena en huelga de hambre y en asamblea permanente por posibles invasiones a sus territorios

ancestrales por cuenta de la construcción de la cárcel de mediana seguridad de Riohacha, la cual está siendo construida por encima del Derecho Fundamental a la Consulta Previa Libre e Informada de esta comunidad. Fuente: https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/wayuu-se-declararon-en-huelga-de-hambre-por-construccion-de-carcel-en-la-guajira/

CONCLUSION

 Como ONG Indígena de Derechos Humanos, frente al panorama desolador y desalentador en que se encuentra la etnia más numerosa del país “el pueblo wayuu” se puede deducir que el estado colombiano en cabeza de sus Ministerios y entidades garantes de los Derechos Humanos SE RAJARON, no existen garantías para la pervivencia de este pueblo sujeto de especial protección constitucional. Las graves vulneraciones de derechos al pueblo indígena wayuu, nos invita a analizar la satisfacción de las demandas a la luz del sacrificio de pueblos y territorios. El debate sobre una transición energética justa nos exige cuestionarnos —incluso a usted, apreciado lector— acerca de la responsabilidad política de distintos actores globales, y de nuestra demanda de altas cantidades de energía para mantener nuestros niveles de comodidad y productividad. El pueblo wayuu es fuerte y digno, pero la extracción de energía en su territorio, la implementación de proyectos urbanísticos y la extracción de hidrocarburos, puede ser insostenible para su supervivencia física y cultural en el mediano y el largo plazo.

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